En la previa a la reunión convocada por Sergio Massa, diputados de Juntos por el Cambio presentaron un amparo.
Un grupo de Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, principal espacio de la oposición, se presentó en la Justicia para impugnar la sesión del martes pasado, que se celebró en medio de un debate por la modalidad -presencial versus virtual- y que dejó como saldo un legislador contagiado de COVID y la orden de hisopar a otros 36, junto con su sasesores.
El coronavirus positivo del diputado opositor José Núñez no sólo activó el protocolo sanitario, y le dio impulso al presidente de la Cámara, Sergio Massa, para convocar a los presidentes de todos los bloques para consensuar un acuerdo sobre el funcionamiento de la Cámara de cara a los próximos dos meses.
La reunión tendrá lugar a las 19 horas en el Salón de Honor de la presidencia de la cámara. Massa llega con una posición dura, aunque busca tender puentes para avanzar con la agenda. “El objetivo es que la oposición debata o debata”, reconocen desde el bloque del Frente de Todos. La directiva fue consensuada en el almuerzo que la mesa chica mantuvo el miércoles pasado en Olivos. La celeridad responde a que la intención del Gobierno es que esta semana se trate sí o sí el proyecto de Aporte Solidario Extraordinario.
“El objetivo es alcanzar un acuerdo para poder seguir adelante con la agenda parlamentaria. Esta semana se busca tratar el Aporte y mantener los tiempos para que el martes que viene ingrese como estaba previsto el Presupuesto”, refuerzan desde el Ejecutivo. Sobre la mesa, Massa presentará una opción superadora a las ya presentadas la semana pasada: sesiones de funcionamiento mixto para los temas que la oposición solicite.
Tras la convocatoria del presidente de la Cámara, Juntos por el Cambio redobló la apuesta y formalizó el pedido para impugnar la sesión que tuvo lugar el martes pasado. Así, Mario Negri, Cristian Ritondo, Maximiliano Ferraro, Pablo Tonelli, Alberto Menna y Mariana Stilman pusieron la firma y presentaron hoy un pedido de amparo contra el Estado y la Cámara de Diputados para que se declare la nulidad “absoluta e insanable de la decisión de Labor Parlamentaria que dispuso la prórroga del protocolo de funcionamiento parlamentario remoto”.
“Esa nulidad también alcanza a los actos producidos por el Presidente de la Cámara que nos consideró ausentes en la Sesión, cuando es de público y notorio conocimiento que estábamos presentes en el recinto, en cumplimiento de nuestras funciones, ya que el protocolo citado había caducado el siete de agosto pasado”, sumaron en la presentación.
El documento judicial presentado por ese sector de la oposición no sólo busca impugnar la sesión -que terminó en un verdadero escándalo por la filtración del número de teléfono de Massa, que recibió un sinfín de amenazas y agravios-, sino que cuestiona también la prórroga por 30 días del sistema virtual que se acordó en la Cámara. “Configura per se la imposibilidad de esta parte de ejercer funciones constitucionales de conformidad al Reglamento de la Cámara durante dicho plazo, lo que supone no sólo una lesión pasada, sino también una presente y futura”.
En el mismo, se solicita además la tutela judicial “debido al perjuicio que se nos causó en términos personales, en nuestra condición de diputados de la Nación, como consecuencia del proceder irregular, abusivo y antirreglamentario del presidente de la Cámara, que tuvo por efecto dar comienzo a una sesión sin quórum reglamentario y sin registrar nuestra presencia en el recinto”.
De acuerdo a lo que pudo confirmar Infocielo, la oposición mantuvo una reunión en la tarde del lunes para deliberar la propuesta final con la que llegarán al encuentro con Massa. El punto a negociar ya no es la modalidad mixta que será aceptada por el oficialismo, sino la obligatoriedad de la misma.
Mientras que desde el Frente de Todos se busca dar libre albedrío y que cada legislador decida si quiere asistir al recinto para las sesiones más conflictivas, desde la oposición sólo admitirán que sea obligatoria su presencia, excluyendo a los legisladores que integren algún grupo de riesgo o manifiesten imposibilidad de traslado.
